Entre otras medidas, incluye el mantenimiento de los contratos vigentes y la agilización de los pagos para favorecer la liquidez del sector
El “mantenimiento de los contratos vigentes con los creadores, artistas y las empresas y servicios auxiliares de los equipamientos culturales” de todos los municipios es una de las propuestas más destacadas del Pacto para proteger la cultura local que ha aprobado la Comisión de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta propuesta plantea que no se suspenda ninguno de dichos contratos y que, para hacerlos efectivos, se reorienten “hacia otras prestaciones acordes con las necesidades actuales (programas pedagógicos on line, creación de nuevos proyectos y contenidos...).
La FEMP también apuesta por mantener el cien por cien de los procedimientos de contratación artística y cultural para lo que queda de 2020 (“independientemente de la fecha inicial prevista”), lo que ayudaría a mitigar el impacto que estos meses de inactividad ha tenido y está teniendo en el sector de las artes escénicas, entre otros. Esta voluntad de mantener el nivel de contratación previsto para este año estaría acompañado además por la agilización de los pagos con el fin de “mantener el empleo y permitir a los sectores culturales retener liquidez”. La FEMP insta a que todas las entidades locales efectúen los pagos de facturas en un plazo máximo de 30 días “desde la fecha de registro de facturas en todos los contratos, con especial atención a los de carácter creativo”.
Este Pacto por la Cultura se enmarca en una resolución que aprobó por unanimidad la Junta de Gobierno de la FEMP el pasado 22 de mayo y en la que reclamaba poder disponer de los recursos financieros propios que ahora mismo poseen municipios y provincias, pero que no se pueden ejecutar en virtud de la denominada “regla de gasto”, que impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Según el Banco de España, las corporaciones locales llevan acumulando desde 2012 un fondo de 28.000 millones de euros. Hacienda está estudiando la propuesta de la FEMP para desbloquear el gasto de este dinero (o de una parte) que se ha acumulado desde 2012 y poder así poner en marcha, desde las entidades locales, “medidas anticrisis” para paliar las lesiones económicas causadas por el coronavirus.
La FEMP también reclama un segundo fondo financiero (a partir de aportaciones del Estado central y de la Unión Europea) que las administraciones locales puedan destinar al “impulso de la recuperación económica y social”.